Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los rencores se fueron a cumulando desde campaña
hasta desembocar en venganzas mutuas.
Las partes no quieren concertar, no privilegian el diálogo. Como que no se quieren
sentar a platicar, ni el político ni el hombre de negocios.
Al final de la tarde perderá el respetable, los victorenses en general (los que
vamos a pagar), y los conductores de vehículos.
En los últimos días, varios automotores propiedad del ayuntamiento y de sus
funcionarios han sido inmovilizados (a través de las “arañas”) por la empresa
Victoria Meters por no pagar el costo de los parquímetros en la vía pública.
Los conductores de unidades oficiales se mal acostumbraron, lo mismo que
algunos –no todos- periodistas. Nunca habían pagado.
En contraparte el alcalde Xicoténcatl González anunció la eliminación de los
aparatos por la calle Hidalgo, la principal del comercio en la capital, para lo cual
pagará el “castigo” que marca el contrato a 15 años celebrado entre el
ayuntamiento y la empresa con sede en Jalisco.
Prometió que luego serán eliminados en el resto de la ciudad.
La verdad es que nada bueno nos espera a los victorenses si nadie cede.
El chistecito le podría costar a la ciudad algo así como 100 melones de pesos, casi
lo mismo que el préstamo a 10 años solicitado por el alcalde Arturo Díez Gutiérrez
en 2009 y que seguimos pagando (con intereses sumó 114 millones).
Los dueños, la familia Negrete, están en lo suyo, son hombres de negocios.
El 18 de febrero del 2009 el municipio asignó el contrato a la Victoria Meters, que
se había formado de las concurrentes Country Park y Metro Meters.
El inciso “B” de la Cláusula Décimo Primera del contrato dice que, para deshacer
el compromiso, se deberá indemnizar al concesionario “con una cantidad igual o
equivalente” al promedio de ingresos percibidos durante los últimos 24 meses.
Ese promedio tendrá que multiplicarse por 60 meses, que vienen siendo cinco
años.
Fue “amarrado” de tal manera que, si el municipio (alguna de las administraciones)
lo quiere echar abajo antes de los 15 años, deberá indemnizar a la empresa.
Es más, de acuerdo con el Código Civil de Tamaulipas, no valen las demandas, ya
es cosa juzgada y así lo firmaron el alcalde Díez Gutiérrez y los síndicos Luis
Enrique Arreola Vidal y Jesús Ávila Hinojosa (libro “El Gran Ataco a la capital de
Tamaulipas, septiembre del 2018”.
Tampoco valen las leyes de Tamaulipas. Los dueños –por entonces era socio
Salomón Rosas, ex delegados del PRI en la entidad- se cuidaron que, si hay
alguna discordancia, las partes se regirán por legislación y tribunales de la CDMX.
Mínimo, el chistecito, como decíamos, costará 100 melones de varos, mínimo ¿por
qué?.
En estos días la Meters se está “llevando parejo”, cobrando los adeudos que tiene
cada vehículo, aplicando arañas a diestra y siniestra ¿para qué? Para incrementar
la recaudación y sacar mayor tajada en caso de que se de el rompimiento
definitivo.
Según cuentas de la Tesorería, en 2014 la empresa se quedó con 3.6 millones y le
repartió al municipio 2.4 millones (promedio de 6.0 millones).
Sin embargo para 2017 la eficiencia se fue deteriorando. Al decir del
ayuntamiento, en el año alcanzó 500 mil pesos.
Suponiendo sin conceder, como dicen los políticos, que la cifra fuera cierta,
significa que todo el sistema de parquímetros generó un millón 750 mil pesos (al
40 y 60 por ciento de las ganancias), ya en promedio por dos años.
Pero esa cifra se tiene que multiplicar por cinco años, 60 meses, lo que representa
105 millones.
Al menos que los Negrete estén de acuerdo (lo que no parece sucederá), como
resultado de negociaciones, el echar abajo el contrato representará un
desembolso millonario para la ciudad.
Y la recaudación podría ir más arriba, si como ya lo vemos, la Victoria decidió
agarrar parejo, multar vehículos oficiales y particulares, colocar inmovilizadores y
hacer efectivas cuentas atrasadas.
De todo se cuidaron los empresarios.
Los 280 parquímetros que inicialmente se instalaron en la ciudad costaron dos
millones 130 mil pesillos, es decir, siete mil 600 cada uno.
El contrato dice que, si no llegaban a operar más allá de los 90 días (tres meses),
los empresarios solo cobrarían al municipio la inversión ( los 2.1 millones).
A los dos años el “castigo” para la ciudad alcanzaría el promedio de ingresos de
tres meses, multiplicado por 40 meses.
Como el contrato ya avanzó diez años, el pago para Villalobos y compañía deberá
ser por cinco años (con promedio de dos años de recaudación).
De hecho es “cosa juzgada”, según el contrato
- Estas penas convencionales tendrán la fuerza de sentencia ejecutoria con los
efectos consiguientes de cosa juzgada, acorde a lo establecido en el Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.
En la ciudad (en teoría) hay alrededor 800 aparatos instalados, con un buen
porcentaje fuera de servicio, en tanto que otros fueron sustraídos, robados.
A como marchan las cosas no se espera un buen desenlace de este pleito con
muchos rencores que se fueron acumulando.
Si otra cosa no sucede, pronto el concejo de la ciudad anunciará la consulta
pública sobre el tema. Y no se necesita ser adivino para predecir el desenlace: El
ciudadano los rechazará
Al final de cuentas el ciudadano que paga saldrá lastimado en su bolsillo. Si se
pagan cien, 30 o cinco millones de pesos de indemnización, de a 500 mil pesos
anuales (que hoy ingresan a Tesorería) se necesitarían por lo menos, 200, 60 o 10
años para pagarlos.
¿Qué piensa usted del asunto, amable lector?. Envíenos sus comentarios que solo
estamos platicando y no pagando.
Por lo demás, pues decirle a las partes que fumen la pipa de la paz, que se
sienten a platicar, que bailen zumba o se trepen a sus caballos, pero que se
pongan a platicar, ya, ya ya.