Opinión pública

Cárcel para disuadir el “mapachismo”

Por: Felipe Martínez Chávez, 23-02-2019 .

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de la Unión aprobó que el delito electoral será considerado grave (sin derecho a fianza), pero ¿qué tan grave?.

Por lo visto fueron más las amenazas que la realidad para disuadir el “mapachismo”. Solo irán a prisión preventiva quienes cometan delitos cuyo promedio aritmético merezca cinco o más años de pena.

En un hipotético supuesto ¿sale bajo fianza quien se roba una urna? ¿quien reparte despensas para conseguir votos? ¿quien levanta firmas de promovidos?. Los jueces determinarán ese promedio de condena.

En una modesta opinión, esta situación no cambiará en Tamaulipas los métodos de proselitismo de candidatos, ni los “acarreos” el día de la votación. Es algo tradicionalmente arraigado.

Mientras no se demuestre que cometieron delito, los partidos seguirán haciendo de la suyas en tanto se pueda. Cabe preguntar ¿cuántos tamaulipecos se encuentran encarcelados por delito electoral?. Que se sepa, ninguno. Ni los habrá.

En el archivero, solo se recuerda el caso de un reportero de Reynosa que quiso demostrar a los árbitros que sí podía votar dos veces. Lo hizo pero meses después fue encarcelado.

Con seguridad, las reformas a la Constitución (artículo 19) Federal para considerar graves los de orden electoral, no tendrán el impacto de disuasión esperado. Tampoco en lo mediático por parte del partido promovente, Morena.

La minuta de las cámaras federales fue enviada a los Congresos Estatales para que la aprueben o desaprueben ¿resultados?. Le darán el visto bueno, incluida la legislatura de Tamaulipas

Si dicen sí 17 estados, como parece que sucederá, adelante. A partir de ahí se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor.

Para entonces en esta región las campañas políticas andarán en pleno apogeo ¿cuántos delincuentes serían capturados? El autor de esta colaboración teme que ninguno. Una cosa es hablar y otra actuar sobre los hechos. Faltan auditores, vigilancia sobre las acciones de los candidatos y partidos.

Por otra parte, en tarde de sabadito tiene sesión el Consejo General del IETAM ¿para qué? Cumplir el garrotazo duro y a la cabeza que el TRIFE le asestó al tribual de Tamaulipas, respecto a la participación de Nueva Alianza en los comicios de junio. Es el principal asunto en la orden del día.

Los profes no jugarán como partido ni recibirán subsidio oficial.

Y le dimos una “repasada” a los 32 puntos en que basará su campaña el partido Morena para tratar de ganar las diputaciones locales ¿que encontramos? Cosas buenas y ocurrencias imposibles de cumplimentarse.

Lo positivo: Reformar la Ley para hacer públicas las declaraciones (3 de 3) de bienes de funcionarios del gobierno estatal y municipios. Ahora no se difunden. Se reciben y guardan bajo siete llaves en la Contraloría; es necesario que se sepan.

Convertir en espacio cultural la Casa de Gobierno. Es un inmueble de compra reciente. Viene de los tiempos del Gobernador Emilio Martínez Manautou. Más antes los ejecutivos atendían gente en sus domicilios particulares.

No es una construcción histórica. Cada Gobernador le hace remodelaciones a su gusto.

Han pasado por ahí inquilinos que no tenían casa en ciudad Victoria como Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington, pero no es justificación. Pudieron haber rentado, don dinero de su cartera.

Los hay que vivían a unos cuantos metros y pasos de la sede, pero aún así ocuparon las instalaciones, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú.

Cerrarla no tendría mayores consecuencias políticas.

De las ocurrencias: Vender la flotilla de aviones del Gobierno. Se sabe que solo es un avión y otros tres tienen calidad de comodato por parte del gobierno federal o la ex PGR.

Los helicópteros de Seguridad Pública y Protección Civil, efectivamente se necesitan para casos de emergencia. No deben venderse.

Quitar las pensiones a los ex Gobernadores. No tienen. En los últimos dos sexenios, por reformas a la Ley, se les brindó seguridad personal después de terminar el mandato. Ya no la tienen.

Universidades binacionales en Nuevo Laredo y Reynosa. Ya existen carreras paralelas que ofrece la UAT.

La iniciativa popular, plebiscito y referéndum, ya los contiene la Constitución de Tamaulipas.

Lo de obtener la certificación de ISO 37001 para alcanzar cero corrupción en la licitación de compras y contratos de obra, está en chino. Hay decenas de empresas que cobran, y cobran bien por avalar la chambita.

Mejor aquí la dejamos. La propuesta tiene cositas buenas y otras malas.

Variando de canal, Don Héctor Escobar Salazar ya no está en la Secretaría de Educación, pero dejó una “cola” que trata de hacer efectiva la Auditoría Superior de la Federación, según el último informe sobre fiscalización del dinero enviado por Lolita.

Entre otros asuntos hay medio melón de pesos que deben devolver a Doña Fede por el cobro que en 2017 hicieron 13 aviadores en el área de Escuelas de Tiempo Completo. Además, compró sin autorización un transformador y un poste.

Donde el faltante es mayor es en los Centros de Apoyo a la Educación, algo así como 21.6 millones de pesos por falta de comprobantes de pago de nómina, y diez posibles aviadores.

No escapan los ayuntamientos. En Matamoros la ASF le reclama 200 mil varos a Jesús “Chuchín” de la Garza en el renglón de Participaciones Federales, que seguramente pagará de su bolsillo ¿quién más?.

De Reynosa, está el reclamo para Maki Ortiz por la suma 2.1 millones producto de 14 observaciones, de las cuales diez quedaron solventadas. Se hicieron dos recomendaciones y dos pliegos de observaciones.

Aparte, la Asamblea Universitaria de la UAT aprobó en reunión extraordinaria el presupuesto de egresos del ejercicio 2019, evento que fue trasmitido a distancia a las sedes distribuidas en el estado.

El proyecto de presupuesto fue presentado por el Rector José Andrés Suárez Fernández ante el máximo órgano colegiado de la Universidad.

Antes de la sesión, el Patronato Universitario aprobó los estados financieros de la casa de cultura, presentados por el Rector, correspondientes al cierre del ejercicio 2018.

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