En las instituciones públicas, la disputa por el control suele librarse en los pasillos antes que en las aulas. Y cuando la educación se politiza, el costo lo pagan los estudiantes. Lo ocurrido recientemente en la elección de directiva sindical en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero no es un episodio aislado, sino el desenlace de una tensión acumulada durante más de una década, donde sindicatos, directores y grupos de presión han disputado la rectoría moral y administrativa del campus.

Hace doce años, el entonces director Héctor Arnulfo Hernández Enríquez fue removido por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. El relevo, encabezado por Juan Manuel Cantú Vázquez, colocó al frente a la doctora Ana María Mendoza Martínez el 21 de marzo de 2014. Aquella designación se presentó como el fin de un periodo señalado por corrupción e injusticia. Sin embargo, el entusiasmo institucional chocó con una realidad más áspera: la presión de la delegación sindical D-V-106 de la Sección 61 del SNTE y la inercia de prácticas que distorsionaban la vida académica.

La doctora Mendoza no logró consolidar consensos. El peso de liderazgos sindicales acostumbrados a influir en nombramientos, heredar plazas o extender privilegios administrativos terminó por erosionar su gestión. Su salida abrió paso a Luciano Aguilera Vázquez, cuya administración fue vista por amplios sectores como una continuidad de rezagos estructurales, deterioro académico y complacencia con los mismos grupos que habían tensionado a sus antecesores.

El 16 de agosto de 2024 marcó un giro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, egresado del propio Tecnológico y orgullosamente formado como ingeniero en Electrónica, asumió la dirección tras recibir el nombramiento de Evangelina De Luna Zermeño, Coordinadora Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior. En un acto cargado de simbolismo, se le definió como “Cruz”, porque venía a “poner una cruz” a prácticas de sabotaje —incluido el corte de energía atribuido a un pequeño grupo sindical—, y “Guerrero”, porque no se dejaría doblegar.

Más allá de la retórica, el mensaje fue preciso: cerrar el ciclo de subordinación institucional frente a intereses gremiales. La disputa no tardó en escalar, —un año más tarde—. Tras elecciones internas recientes, la planilla ganadora difundió señalamientos sobre una supuesta intervención del director Dionisio Cruz en el proceso. Sin embargo, se trata de un procedimiento interno del sindicato, cuya autonomía no puede confundirse con supremacía normativa. Los estatutos gremiales, por definición jurídica, no están por encima del artículo 3° de la Constitución ni de la Ley General de Educación. Esa línea —delgada pero decisiva— es la que hoy delimita el margen de maniobra.

El trasfondo no puede pasar desapercibido. Durante años, el campus fue sinónimo de infraestructura incompleta: ausencia de barda perimetral, alberca olímpica en abandono,

aulas y sanitarios en condiciones precarias. También fue escenario de prácticas que, según críticos internos, privilegiaban lealtades sobre perfiles académicos. El director Dionisio Cruz Guerrero ha buscado romper con esa lógica. La apuesta es proyectar al Tecnológico con visión nacional e internacional, blindando su vida académica frente a presiones políticas.

SEGURIDAD COMO ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

En un contexto regional donde la seguridad pública es un factor determinante para la vida universitaria, Cruz Guerrero ha decidido convertir la coordinación interinstitucional en eje estratégico. Este viernes 13, fecha cargada de simbolismo popular, difundió una serie de reuniones que delinean su ruta.

Primero, con el coronel José Velázquez Robledo, comandante del 15° Batallón de Infantería. “Siempre es un honor estrechar lazos y sumar voluntades a favor de la educación y la formación integral de nuestras y nuestros jóvenes”, escribió, adelantando “muy buenas noticias y grandes proyectos en conjunto”.

Después, reconoció públicamente el triunfo de la maestra Ana Laura Velázquez como secretaria general de la Delegación DV-106 Sección 61 del SNTE: “Ser institucional es prevalecer la razón de ser de nuestro querido Tec Madero… reiterándole mi apoyo y compromiso para juntos dar continuidad a la transformación”.

Por último, sostuvo diálogo con el comandante Óscar Infante Sierra, delegado de la Guardia Estatal en el sur del estado, para “fortalecer el trabajo en equipo y la coordinación interinstitucional… con el firme compromiso de generar entornos más seguros y favorables”.

La secuencia no es casual. En un entorno donde la seguridad suele ser reactiva, el director ha optado por anticiparse: tender puentes con fuerzas armadas y corporaciones estatales para garantizar que el campus no sea rehén de conflictos externos ni internos. La seguridad, en este caso, no es una acción protocolaria sino una pieza de gobernanza universitaria.

El matiz es evidente: mientras en el pasado los directores parecían navegar entre presiones gremiales y deterioro estructural, la actual administración proyecta una combinación de firmeza institucional y cálculo estratégico. Cruz Guerrero no sólo enfrenta inercias; intenta redefinir la correlación de fuerzas dentro y fuera del campus.

La pregunta de fondo es si esta estrategia logrará consolidar un ambiente de paz estudiantil duradero o si las viejas tensiones volverán a emerger. Por ahora, el mensaje es inequívoco: la educación no puede ser rehén de intereses corporativos, y la seguridad —física e institucional— se ha convertido en el nuevo campo de batalla del Tecnológico de Madero.

Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx

* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.