*-El Gobierno federal busca que las plataformas digitales detecten y eliminen publicaciones relacionadas con violencia, discursos de odio, abuso sexual y autolesiones, como parte de una estrategia para proteger a niñas, niños y adolescentes.

Ciudad de México, de octubre de 2026.– El Gobierno de México presentó un proyecto de decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales en la detección y retiro de contenidos que promuevan la violencia, el odio y otras conductas que puedan poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

La propuesta, presentada este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca que las empresas responsables de las redes sociales actúen ante publicaciones relacionadas con extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno federal, la iniciativa pretende que las plataformas asuman una mayor responsabilidad en la vigilancia de los contenidos que circulan en sus servicios, particularmente aquellos que puedan representar un peligro para menores de edad.

El proyecto surge después de que las autoridades identificaran posibles vínculos entre redes sociales y casos recientes de violencia registrados en centros escolares del país. Ante este escenario, el Ejecutivo federal planteó establecer mecanismos para detectar publicaciones que inciten a cometer agresiones y reportar situaciones de riesgo a las autoridades correspondientes.

La estrategia también contempla reforzar las acciones de prevención en las escuelas y promover una mayor participación de madres y padres de familia en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes durante el uso de dispositivos digitales.

Entre las acciones complementarias se encuentra el fortalecimiento del programa “El ABC de las emociones”, orientado a fomentar la educación socioemocional y facilitar la atención de estudiantes que requieran orientación o apoyo.

La propuesta abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los contenidos que circulan en internet y la necesidad de proteger a la población infantil sin afectar otros derechos, como la libertad de expresión.

Al tratarse de un proyecto de decreto, los alcances definitivos de las obligaciones para las plataformas dependerán del contenido final de la disposición y de su publicación oficial.